La tensión crece en Cusco en el paro para exigir beneficios
del gasoducto del sur y contra la corrupción en el gasto del canon gasífero
Las organizaciones y gremios de la provincia de La
Convención, selva de Cusco, al suroriente de Perú, continúan la huelga que
empezó el 27 de agosto. Demandan al Ejecutivo que responda hasta a 16
peticiones, algunas pendientes de cumplimiento hace cinco años. El lunes, el
Gobierno los citó para dialogar en Lima el 15 de este mes, pero al día
siguiente, la policía disparó para despejar una vía bloqueada por manifestantes
y asesinó a Jhapet Huillca Pereyra, de 16 años de edad. Desde entonces, las
protestas continúan y exigen que el Ejecutivo vaya a Cusco. La madrugada del
sábado, en medio de una operación policial para desbloquear un puente, otras
dos personas murieron, entre ellos el alcalde del centro poblado menor de
Kepashiato,
“Hay varias reclamaciones, una tiene más de cinco años, fue
un compromiso del gobierno de Alan García de realizar los estudios para
construir una planta de fraccionamiento de gas en Kepashiato, que permita
convertir el gas natural en doméstico, dado que en Lima un balón cuesta 42
soles y en Quillabamba puede valer de 60 hasta 80 soles”, explicó a EL PAÍS el
representante de la Defensoría del Pueblo, Silvio Campana, desde Cusco.
En La Convención se encuentra Camisea, el mayor complejo
gasífero de Perú, pero el combustible va a la costa central para ser envasado
en Lima, el contrapeso es el canon gasífero que reporta ingresos a las
municipalidades provinciales y distritales.
El Comité Central de Lucha de la Convención, que integran
gremios y federaciones, pide al Gobierno que edifique esa planta, y luego
permitirá la ‘servidumbre’ (el uso de vías y tierra) a las operaciones del
gasoducto del sur que deben construir Enagas y Odebrecht, y que conducirá el
combustible a centrales termoeléctricas de la costa sur.
Además, los organizadores del paro provincial indefinido
exigen investigar por corrupción a los alcaldes que han administrado el canon
gasífero, pues las mesas de trabajo en las que abordan este problema desde 2013
con la Contraloría, el Ministerio Público y la Presidencia del Consejo de
Ministros, no han atendido sus demandas.
Los organizadores del paro provincial indefinido exigen
investigar por corrupción a los alcaldes que han administrado el canon gasífero
La madrugada del sábado, la policía enfrentó a un grupo de
ciudadanos que bloqueaba el puente Pavayoc sobre el río Vilcanota, en
Quillabamba, para liberar la vía y detuvo a algunos hombres que no portaban
documentos. Entre los manifestantes estaba el alcalde de Kepashiato, Rosalío
Sánchez.
Los testigos y los medios en Quillabamba y Lima indican que
los policías golpearon al alcalde y lo metieron en el maletero de una camioneta
blanca para llevarlo a la Comisaría de Quillabamba. Desde ese punto, el relato
tiene tres versiones que no calzan.
El general de la Policía Nacional, Máximo Sánchez, negó la
mañana del sábado que hubiera muertos. “Había 15 personas interrumpiendo el
paso, algunos sin documentos, los estábamos conduciendo a la comisaría, el
chofer hizo una maniobra temeraria y cayó al río Vilcanota. Hemos rescatado a
tres personas heridas, hay tres desaparecidos”, declaró a Canal N de cable.
Sin embargo, uno de los testigos relató a Radio Quillabamba
que la policía y un vehículo de maquinaria pesada avanzaron para despejar el
puente. “Estábamos descansando. El cargador frontal no solo botó las piedras,
sino los colchones y ollas de ponche. Nos han tratado como a perros, ahí al
señor Rosalío lo han hecho entrar a la maletera”, indicó Fernando Llanes
Estrada. Las versiones de los sobrevivientes indican que la policía empujó el
vehículo para que se volcara.
Campana sostiene que el chofer, uno de los detenidos, “no
tenía pericia suficiente y se asustó cuando el cargador frontal le hizo señales
de luz, perdió el control”.
A mediodía, un equipo de bomberos encontró el cadáver de
Sánchez y aún busca el del chofer. Durante las movilizaciones de esta semana en
la provincia de La Convención han participado de 2.000 a 3.000 personas. El
general Sánchez reconoció que tenían un contingente suficiente pero no quiso
dar cifras, la prensa local calcula que son 300 y están esperando refuerzos.
Fuente: El país.
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